Fallo de la Justicia federal convalidó un reparto desproporcionado en la Comisión Bicameral que inicia la elección del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Congreso tiene pendiente elegir al próximo Defensor, titular del organismo encargado de proteger y exigir que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país. La Ley 26.061 establece que la comisión que inicie esa selección refleje el peso de cada bloque en el Congreso. Sin embargo, el pasado 29 de octubre, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal convalidó que La Libertad Avanza tenga dos lugares y el Frente Justicialista uno en la Comisión Bicameral que inicia la elección del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque ambos bloques tienen 21 representantes del Senado. Infancia en Deuda advierte que ese reparto no respeta la proporcionalidad que exige la ley.
La distribución fue decidida por la Presidencia del Senado mediante el Decreto Parlamentario Presidencial (DPP) N° 32/2026; un grupo de legisladores y legisladoras lo cuestionó en el caso “Bensusan” y obtuvo una sentencia favorable de primera instancia, que ahora la Sala I de la Cámara revocó.
Para Infancia en Deuda, el tribunal se apartó de principios constitucionales y legales, y de antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que los legisladores no estaban legitimados para reclamar, que la integración de las comisiones es una cuestión política no justiciable, que alcanza con el Reglamento del Senado, que prevé la proporcionalidad “en lo posible”, aunque la Ley 26.061 la exige, y que no existe una fórmula obligatoria para repartir los lugares de forma proporcional.
Sobre este último punto, Infancia en Deuda recordó que en el amicus curiae que presentó en primera instancia demostró que los cinco métodos de asignación proporcional que se utilizan en el mundo (D’Hondt, Cuota Hare, Cuota Droop, Cuota Imperiali y Sainte-Laguë) arrojan el mismo resultado: la composición definida por el DPP 32/2026 no respeta la proporcionalidad exigida por la ley.
“Desde Infancia en Deuda consideramos que la intervención judicial es fundamental para garantizar la vigencia de las reglas que aseguran que los procesos de deliberación legislativa sean llevados a cabo de manera igualitaria”, señalaron desde el grupo de organizaciones. Y advirtieron que, cuando se distorsiona el principio de proporcionalidad en la representación política y se dificulta el acceso a una solución judicial, se resienten las bases del debate democrático.